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Foto: Ancash Noticias

Editorial

Pruebas de fuego

Tres hechos de presunta corrupción han sacudido la semana en Ancash. Hoy corresponde a las autoridades jurisdiccionales mostrar toda su efectividad llegando al fondo de los casos denunciados.

Tres hechos de presunta corrupción en organismos públicos han sacudido esta semana a Ancash, acaso poniendo así de paso a prueba de fuego a los flamantes presidentes del Poder Judicial y el Ministerio Público de Ancash: la presunta devolución de una coima de parte de funcionarios del gobierno regional, la presunta receptación de un soborno de parte del alcalde de San Marcos.

En el primer caso, hay un video de por medio donde se observa a una empresaria chimbotana reclamándole airadamente al gobernador regional Enrique Vargas la devolución de su dinero que habría pagado por presunta coima y luego las imágenes de un ciudadano entregándole los billetes.  Ante la denuncia periodística el gobernador regional ha negado tener vinculaciones con el caso mientras días atrás el vocero del gobierno regional Andrés Garay informó que es un lío interno de una empresa que ejecutó una obra en el año 2012.

Pero en este asunto quedan muchos cabos sueltos como suspicacias: primero, ¿quién es el personaje que aparece “devolviendo” los billetes; segundo, ¿por qué el gobernador regional recibió a la empresaria en su despacho y por qué se tardó en responder los cuestionamientos?; tercero, por qué la empresaria no llamó al Ministerio Público para dar fe de la intervención al hecho denunciado y cuarto, si la empresaria dice que entregó dinero y luego le devolvieron también está incurso en un acto de corrupción, ya que en un hecho como este tiene que penalizarse a quien ofrece como a quien recibe.

En el segundo caso, el alcalde distrital de San Marcos ha sido detenido por la Fiscalía y Policía Anticorrupción recibiendo presumiblemente una coima de cinco mil soles.  El Ministerio Público interpondrá hoy el pedido de prisión preventiva; mientras la defensa expresa que “habría sido sembrado” apoyándose ya en un hecho anterior de que con una grabación de una llamada (hecha por un empresario) anteriormente se le pretendía vincular con otro hecho de corrupción. El juzgado tendrá que deliberar los hechos ya que en un proceso penal hablan las pruebas y no las simples palabras.

En el tercer caso, se ha afirmado que en la construcción de la vía Carhuaz-Chacas la cuestionada firma ODEBRECHT habría coimeado a los ex funcionarios y otros para ejecutar y sobrevaluar la mencionada obra. Hoy que las empresas brasileñas se han acogido a la colaboración eficaz y en el consejo regional se ha conformado una comisión especial y donde uno de sus integrantes ha adelantado que dolosamente se habría pagado un laudo arbitral, es más que necesario ir al fondo del asunto.

En este momento en que la ciudadanía se hastía de tanto hecho de corrupción y comienza a perder fe en sus autoridades jurisdiccionales es momento que éstas den muestras de firmeza, resolución y efectividad, sancionando drásticamente a quienes, traicionando la confianza del pueblo, reciben dinero mal habido como a aquellos malos “empresarios” (más bien mercantilistas) que no sólo financian campañas sino también son capaces que si sus indecentes propuestas son rechazadas usan el arma del “todo vale”.

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