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La huelga magisterial

Editorial

La huelga magisterial

El gobierno aún no repara que la ministra Martens como los dirigentes nacionales del SUTEP, hace ratos, deben estar fuera del diálogo para solucionar la demanda magisterial.

Los asesores de la ministra de Educación y los integrantes de la dirigencia nacional del SUTEP se desgañitaron en gritar hasta el cansancio que la eclosión de protesta en el sur es armado por “radicales” e integrantes del MOVADEF; pero el paro que nació en el Cusco adquirió dimensiones nacionales, tanto que ahora Marilú Martens como el secretario general Alfredo Acosta (militante de Patria Roja) están acorralados por la exigencia justa.

La ministra Martens, desde que tomó la posta a Jaime Saavedra, ha demostrado tener pocos reflejos -aparte de su escasa cultura-  tanto que, requerida por los medios de comunicación nacionales para las entrevistas tuvo que hacerse reemplazar por la jefe del gabinete de asesores de su sector.  Fue también un papelón que hizo con los gobernadores y el premier para tratar de presionar a los maestros a volver a las aulas de manera unilateral.

Mientras el dirigente sindical Alfredo Acosta y la ministra Marilú Martens venían “negociando” a espaldas de las bases magisteriales del interior la huelga regional se tornó nacional. Ambos estaban en su diálogo para no perder sus prebendas: la ministra para no perder su bien remunerado puesto y la dirigencia nacional para no perder la administración de la codiciada Derrama Magisterial (siempre lo hicieron con cada inquilino de turno del MINEDU).

Ambos actores, una vez más, trataron de apoyarse durante la reunión presidencial de ayer -que se suponía iba a ser solo con los dirigentes regionales- perdiendo el Ejecutivo la oportunidad de escucharlos y luego instarlos a la unidad sindical para formalizar los acuerdos en el marco que exige la Constitución y las leyes.

El gobierno central no entiende que el Sutep Nacional ya ha sido desbordado por el accionar de las bases, porque su presunta legitimidad se basa en la discutida figura del denominado “centralismo democrático” (que consiste hacerse elegir por sólo por delegados departamentales y éstos también con el mismo mecanismo con las provinciales) corriéndose de las elecciones universales que sería lo correcto y democrático.

La ministra, como los dirigentes nacionales del SUTEP -por cuidar sus privilegios- pierden el horizonte principal de la demanda de los maestros: la exigencia de un sueldo decoroso.  No es justo que un policía que -con sólo siete meses de formación- gane el doble que un maestro –con cinco años de estudio para alcanzar su título- además de sometérsele a evaluaciones con criterios trabajados desde las carpetas burocráticas del Ministerio de Educación cuyos funcionarios y la propia ministra (que es bachiller) ganen hasta diez veces más que un maestro de aula.

Si bien, la reforma magisterial ha avanzado hacia la meritocracia y la evaluación; sin embargo los burócratas del ministerio olvidan que para ello los maestros necesitan contar con recursos económicos, que difícilmente pueden ser financiados con sus alicaídos salarios.  No se puede ordeñar la vaca si no se le da pasto.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ganó la segunda vuelta con la promesa de incrementar los sueldos magisteriales, se enfrenta a la prisión de su lengua obligado a honrar su palabra.  Se suponía que cuando lo hizo, el ofrecimiento lo estaba haciendo un economista (“de lujo”) y no un improvisado.

El devenir del descontento magisterial ahora ya pasa porque la ministra Martens tiene que irse y los dirigentes nacionales SUTEP, también. El sindicato magisterial tiene que alcanzar su unidad implementando los comicios universales y transparentar el manejo de la Derrama Magisterial.

Nuestra solidaridad con los maestros, los maestros de base -que no son ni radicales ni menos militantes del MOVADEF- hay que remarcarlo.

 

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